Alertan de un deterioro en la traducción judicial tras cambiar la adjudicataria

Alertan de un deterioro en la traducción judicial tras cambiar la adjudicataria

Málaga no es Babel, pero casi. Hay más de 296.000 extranjeros viviendo entre nosotros y, si en la vida cotidiana es importante entenderse, más aún lo es cuando un extranjero es imputado o víctima de un delito en una localidad de la Costa del Sol. Así, bajan revueltas las aguas en la Ciudad de la Justicia tras la última licitación del servicio de traducción judicial de la Junta de Andalucía, que hasta ahora desempeñaba Ofilingua y que ha sido adjudicado recientemente a otra empresa. Varias organizaciones de referencia en el sector han mostrado recientemente su preocupación por el concurso, puesto que, según explican, se habría reducido el precio inicial de salida por hora de interpretación hasta en un 46%, lo que implicaría una peor calidad y hasta poner en solfa el derecho de defensa, advierten.

Lo cierto es que la preocupación está muy presente en algunos jueces, abogados y los mismos intérpretes, según ha podido constatar este periódico, aunque el comunicado remitido se explica por sí mismo: «El servicio de interpretación y traducción para los órganos judiciales de Málaga no garantiza los criterios de calidad expuestos» en una directiva europea que marca unos mínimos requisitos para este asunto. Entre los firmantes del comunicado se encuentran la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales (APTIJ), la Conferencia de Centros Universitarios de Traducción e Interpretación del Estado Español (CCDUTI) o la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD).

El grueso de los extranjeros lo copan los británicos (76.931), seguidos de los alemanes (16.649) y de los rumanos (15.748). También hay un nutrido grupo de nórdicos viviendo en el litoral malagueño: 7.475 finlandeses, 6.120 suecos, 5.692 daneses y 3.077 noruegos. Fuera de la Unión Europa, los más numerosos son marroquíes, argentinos y ucranianos, seguidos de los subsaharianos.

Es decir, el inglés es el idioma extranjero más hablado en la provincia, seguido del alemán y el rumano, lo que da una idea de la importancia de que la traducción judicial sea la adecuada.

«Los servicios de interpretación judicial, en manos de personas sin la formación suficiente, implica el riesgo de obtener una interpretación deficiente y, por lo tanto, viciar la posible defensa del acusado», señalaron las asociaciones.

Los expertos advierten a la Junta de que esto «puede ocasionar unos enormes costes cuando la labor de traducción se realiza inadecuadamente, y como consecuencia hay que invalidar la instrucción de una causa o repetir algún acto procesal». Un juicio cuesta en torno a 1.800 euros, y ésa es la estimación más a la baja para un plenario pequeño, lo que indica claramente de lo importante que resulta una traducción de calidad, algo que según estas asociaciones está en peligro ahora.

La acreditación de los traductores ahora se hará conforme a dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no por la directiva europea, mucho más actual. «El hecho de que el único criterio en la adjudicación sea la oferta de precio más baja fomenta que la remuneración de los traductores e intérpretes sea muy inferior a las condiciones normales del mercado», dicen. Cifran en un 46% la bajada del precio de salida por hora de interpretación, de tal forma que se pagaría la hora traducida a 9,98 euros.

En opinión de estos colectivos, ello supondrá que «en la mayoría de los casos se contrate a personas no cualificadas para desempeñar este trabajo, que requiere de una sólida formación en traducción, interpretación, idiomas, derecho comparado y medicina forense, entre otros campos del saber».

Aseguran que, por ejemplo, a los traductores de la Junta se les exige titulación universitaria, mientras que «la empresa ganadora del concurso afirma que las tarifas que abona corresponden a la categoría profesional de oficial de primera, es decir, personal de tipo administrativo sin formación universitaria».

El traductor y director de Ofilingua, Melchor Fernández, declara estar «muy sorprendido». «La Junta de Andalucía siempre había sido muy sensible a la adecuada remuneración de este servicio y es la primera vez en la historia que sacan este concurso con el precio como único criterio y sin atender ninguna exigencia de calidad», precisa. Aseguran estas asociaciones que la Junta «debe velar por la tutela de las garantías fundamentales del derecho de defensa y la consecución de un juicio justo de las personas procesadas, y para ello debe cumplir con lo dispuesto en la Directiva 2010/64/UE; disponiendo de todos los recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos necesarios».

Denuncian que el precio de interpretación por hora cae un 46%

La Junta de Andalucía ha adjudicado el servicio de traducción judicial en Málaga a una empresa distinta a la que lo llevaba antes, Ofilingua. Ello ha levantado muchísimo revuelo entre los traductores, ya que, entre otras cosas, se reduce el precio inicial de salida por hora de interpretación hasta en un 46%, lo que implicaría una peor calidad, aseguran varias asociaciones de solvencia en el sector. «El hecho de que el único criterio en la adjudicación sea la oferta de precio más baja fomenta que la remuneración de los traductores e intérpretes sea consecuentemente muy inferior a las condiciones normales del mercado, con las consecuencias que ello puede tener para la calidad». También critican que se use la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sus criterios para elegir traductores frente a las condiciones que marca una directiva europea a este respecto.

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